Una sociedad que elimina al delincuente renuncia a su responsabilidad de recuperar a la persona. Matar a quien ha delinquido no constituye una demostración de autoridad, sino una expresión de cobardía moral: resulta más fácil silenciar una vida que afrontar las causas de su comportamiento. La verdadera fortaleza del Estado se manifiesta cuando protege a las víctimas, garantiza la justicia y reconoce que nadie pierde su dignidad por haber cometido un delito.
Conviene establecer una distinción fundamental: la conducta no es la identidad. Una persona puede cometer actos criminales sin que su existencia quede reducida a ellos. Identificar al ser humano con su delito significa convertirlo en un objeto desechable, negarle toda posibilidad de transformación y atribuirnos un poder absoluto sobre su vida.
Además, las ejecuciones extrajudiciales pueden encubrir intereses inconfesables. Eliminar a un presunto delincuente también puede significar silenciar a alguien capaz de revelar complicidades, redes criminales o vínculos con personas poderosas. Cuando el poder actúa al margen de la ley, deja de proteger a la ciudadanía y amenaza los fundamentos mismos de la convivencia democrática.
San Agustín, al reflexionar sobre la corrección del culpable, defendía una justicia orientada también a su enmienda. Santo Tomás de Aquino vinculó la justicia con el bien común, mientras que san Juan Pablo II insistió en la dignidad humana y las posibilidades de redención. Desde esta perspectiva, combatir el mal reproduciéndolo constituye una profunda contradicción moral.
Sin embargo, condenar las ejecuciones extrajudiciales no significa justificar la delincuencia ni abandonar a sus víctimas. Significa exigir investigaciones rigurosas, sanciones proporcionadas y mecanismos efectivos de rehabilitación. La justicia protege; la venganza destruye.
Necesitamos instituciones capaces de recuperar personas, no solamente establecimientos destinados a encerrarlas. Urgen programas interdisciplinarios que integren psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, educadores y acompañantes espirituales. La evaluación clínica, la intervención psicológica, el tratamiento de adicciones, la formación laboral y la justicia restaurativa, cuando corresponda, pueden favorecer cambios sostenibles.
También debemos mirar hacia la familia. Muchos jóvenes crecen entre abandono, violencia, carencias afectivas y ausencia de referentes. Estas circunstancias no determinan inevitablemente la delincuencia ni eximen de responsabilidad, pero pueden incrementar vulnerabilidades. Por eso, fortalecer las familias, acompañar la crianza y prevenir la exclusión constituyen una inversión indispensable en seguridad ciudadana.
Una sociedad madura no elige entre defender a las víctimas y reconocer la humanidad del infractor: hace ambas cosas. Necesitamos proteger a las familias afectadas, reparar daños y ofrecer oportunidades reales de reinserción.
Nadie debe ser condenado a permanecer para siempre en su peor conducta. El delito exige responsabilidad; la dignidad exige respeto; la justicia exige humanidad.
Porque cuando una sociedad mata para demostrar que matar está mal, termina destruyendo el principio moral que pretende defender.